ALMERÍA: modelo agrícola de "dependencia"

 

Por Alí Manzano.

Las políticas agrarias andaluzas deben tener como primer objetivo asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo andaluz.

Actualmente, el sector del cultivo bajo plástico en Almería, se caracteriza por un gran endeudamiento, por una diversificación de la oferta, por la nula planificación de cultivos y comercial, por la dependencia de los insumos producidos fuera de nuestra tierra, por la corrupción de las cúpulas ejecutivas de muchas cooperativas y SAT, por la competencia desleal de terceros países ajenos a la UE y que esta permite a cambio de convenios comerciales que favorecen a la industria de los países líderes de la UE y de las zonas industrializadas del Estado español; el incumplimiento de los convenios en muchas empresas y explotaciones, la contratación de trabajadores inmigrantes sin papeles y sin derechos a los que se les paga muy por debajo del convenio y sin cotizar a la seguridad social; una vorágine de nuevas explotaciones que cada año aumentan las hectáreas cultivadas, cuyas licencias son otorgadas por los ayuntamientos sin estudios previos y sin tener en cuenta los problemas ambientales y de suministro de agua. El tremendo consumo de agua de la industria hotelera que está poniendo en peligro el futuro del sector agrícola por el agotamiento de los acuíferos.

Pero probablemente, el principal problema que tiene el sector en estos momentos es el de la comercialización, por el hecho de que ésta, está controlada por grandes superficies y por los grandes intermediarios europeos, holandeses, franceses, británicos y alemanes, que fijan los precios sin que el sector agrícola almeriense tenga margen de maniobra y acceso a otros mercados distintos de los peninsulares y europeos. Esto está generando una pérdida de rentabilidad, con unos gastos de semillas y otros insumos, que año tras año van aumentando sin que esto tenga repercusión en los precios de venta. La pérdida del mercado ruso debido a las sanciones de la UE y del Estado español, ha sido otro golpe más para el sector agrícola y la economía de Almería y Andalucía, haciéndonos aún más dependientes por la limitación de mercados.

La reducción de rentabilidad de las explotaciones y empresas agrícolas almerienses, se contrapone con el aumento de beneficios que año tras año presentan las grandes superficies que operan en el Estado español, así como los intermediarios europeos. El fruto de la explotación de nuestra tierra y del trabajo de la clase trabajadora en Almería, acaba en los grandes centros capitalistas.

Inclusive, los intermediarios europeos están invirtiendo en la compra de explotaciones agrícolas o de tierras para invernar, con lo que la situación se agrava porque el objetivo de estas empresas es engordar su cuenta de resultados en su lugar de origen o en los paraísos fiscales desde donde operan, dejando en Almería unos bajos salarios y unos exiguos impuestos municipales. Este proceso de inversión en el lugar de origen, se venía produciendo en Marruecos, pero la reducción de costes laborales que ha permitido el gobierno de “izquierdas” español de PSOE y Podemos, así como la legislación medioambiental andaluza aprobada por el gobierno del PP, unido a la corrupción de muchos ayuntamientos que dan licencias para la construcción de nuevos invernaderos sin tener en cuenta el impacto medioambiental y económico sobre la zona, está provocando que las inversiones de empresas intermediarias extranjeras estén proliferando sin control alguno. A esto hay que añadir la entrada en el sector de grandes fondos de inversión, con fuertes inversiones en estructuras de explotaciones y en tecnificación de las mismas con las ultimas tecnologías agrícolas, lo que hace casi imposible la competencia par los agricultores locales, cuya producción por hectárea es considerablemente menor, lo que eleva los costes de producción por kg, no pudiendo hacer frente a campañas agrícolas con bajos precios y viéndose obligados a la venta de la explotación.

El actual modelo de dependencia está cambiando la propiedad de la tierra, despojando a los agricultores tradicionales con explotaciones familiares y favoreciendo a los grandes fondos financieros. Es la tendencia en el sistema capitalista a la acumulación y concentración del capital.

En esta situación del sector agrícola almeriense, y teniendo en cuenta la más que probable crisis alimentaria a nivel planetario, que va a provocar escasez de alimentos y una subida de los precios al consumidor final, de la que no va a participar el sector agrícola almeriense que a pesar de lo expuesto, va a continuar empobreciéndose, se va a vislumbrar de una manera clara el proceso de acumulación de capital que utiliza a nuestra tierra y a nuestra clase trabajadora, para la obtención de plusvalías que no sirven para el desarrollo del sector agrícola almeriense ni para mejorar las condiciones de vida de la población.

Situación de DEPENDENCIA

El subdesarrollo y atraso de Andalucía y Almería respecto al Estado y Europa, evidenciado en todos los indicadores económicos, está motivado por la dominación política del capital español y globalizado, y en el papel que Andalucía ha jugado en la economía del Estado desde su conquista por Castilla: suministradora de materias primas y fuerza de trabajo para el beneficio de la Metrópoli y del norte industrializado. El desarrollo del capitalismo y la histórica situación colonial de Andalucía han generado una situación económica entre el Estado y Andalucía que denominamos de dependencia. Esta Dependencia significa la sumisión de la economía andaluza a la española, sirviendo la primera para el desarrollo y obtención de beneficios por la segunda.

El caso de la agricultura almeriense es un caso típico de Dependencia, A pesar de ser una agricultura altamente tecnificada con unas inversiones importantes de capital y una extraordinaria producción que sería suficiente para imponer sus criterios de mercado y valorar su producción desde la obtención de un valor añadido motivado por su innovación tecnológica y su posición en el mercado, si tuviera el apoyo político necesario de un Estado que no priorizara los intereses de la industria de centro y norte peninsular, sometiendo a la agricultura almeriense y andaluza a los dictados de la Unión Europea, abriendo la posibilidad de explorar nuevos mercados en un mundo donde poco a poco se va imponiendo un modelo multipolar de relaciones económicas y políticas, sustituyendo al mundo unipolar que representa EE.UU y sus sometidos países europeos.

Los datos económicos de la provincia de Almería referentes a su población, siguen estando por debajo de la media del Estado, dándose también la circunstancia de que los municipios de mayor producción agrícola son de los de menos renta percápita del Estado, como son los de Nijar y Vicar, estando muy cerca El Ejido, motivado por la sobre-explotación de la mano de obra, especialmente la inmigrante.

Las plusvalías robadas a la clase trabajadora almeriense terminan en manos de grandes compañías farmacéuticas (productores de productos fito-sanitarios), multinacionales de semillas, fabricantes de maquinaria, fabricantes de envases… que tienen su sede en los grandes centros financieros del Estado (Madrid principalmente) y de Europa, ingresando los impuestos al consumo (IVA) cobrados en Almería y los impuestos sobre beneficios generados por las ventas en Almería, en las autonomías y Estados de su residencia fiscal.

La banca estatal (Santander, BBVA, La Caixa y otros) están invirtiendo fuertemente en el sector mediante préstamos de diferente naturaleza, situación que ahonda el problema de Dependencia porque la parte de ingresos destinada al pago de intereses acaba saliendo de Andalucía para engrosar las cuentas y cotizar los correspondientes impuestos lejos de Andalucía, y sirviendo para el enriquecimiento de inversores ajenos a la producción y al lugar donde se origina esta, paralizando el desarrollo de Almería y beneficiando el desarrollo de las zonas industrializadas del Estado.

Por estos motivos decimos que Andalucía ocupa un lugar subalterno en el modelo de producción capitalista en el Estado.

Andalucía no ha desarrollado un modelo económico propio basado en los intereses y necesidades de su población, sino que éste ha sido impuesto en función de los intereses del capitalismo del Estado español.

En esta situación económica de subalternidad y “dependencia”, Andalucía, y concretamente Almería, cumplen dos funciones básicas para el capitalismo del Estado: suministrar materias primas a unos precios bajos para que la industria del norte y centro peninsular tengan los mayores beneficios posibles.

La segunda función es la de suministrar productos agrícolas a unos precios que no provoquen el aumento del coste de la “cesta de la compra” en las zonas industrializadas, puesto que el aumento de estos precioso agrícolas llevaría consigo el aumento de los salarios en las zonas industriales para que los trabajadores puedan acceder al consumo básico para mantener la fuerza de trabajo en las zonas industriales.

Los bajos precios en origen garantizan una cesta de la compra asequible a la clase trabajadora industrial y suculentos beneficios a grandes superficies e intermediarios agrícolas.

Este modelo económico impuesto a Andalucía, hace que el mayor desarrollo de las zonas industriales venga acompañado de una mayor explotación de la clase trabajadora andaluza.

El aumento de los costes de producción agrícola, la imposición de precios a los productores por operadores estatales e internacionales, los costes financieros derivados del endeudamiento… están provocando un hundimiento en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas que las sitúa (en un gran porcentaje) en una situación de pre-quiebra que año tras año es superada con nuevos endeudamientos a la espera de un mejor año agrícola que nunca llega.

Ante esta situación de quiebra técnica, la solución de parte de la propiedad agrícola pasa por disminuir los costes salariales basándose en fraudes a la seguridad social, a los trabajadores y a sus derechos, incumpliendo convenios y sobre explotando a la clase trabajadora, especialmente a la inmigrante, que por su situación de vulnerabilidad (muchos no tienen “papeles”), son víctimas propiciatorias de agricultores sin escrúpulos.

La administración de la Junta y la del Estado, conocedoras de esta situación del campo almeriense y andaluz, ha optado por mirar hacia otro lado y mediante una Inspección de Trabajo sin recursos materiales ni humanos, permitir la sobre explotación derivada del incumplimiento de los convenios y la violación de la legislación laboral.

La extrema derecha en Almería y en otras zonas agrícolas de Andalucía, ya está pidiendo la implantación del modelo de contratación que se está permitiendo en la fresa de Huelva desde hace años: la “contratación en origen”, que consiste en contratar a trabajadoras en su lugar de origen, Marruecos principalmente, traerlas a las explotaciones agrícolas en Andalucía en unas condiciones de precariedad vital y habitacional, siendo deportadas a su lugar de origen una vez terminada la faena agrícola.

Este modelo de contratación en origen abarata aún más el coste de la mano de obra, por los incumplimientos de los convenios y de las condiciones de vida, estando sujetas las mujeres contratadas en origen a la exclusiva voluntad del empresario agrícola en lo relativo al número de horas trabajadas por jornada, horas extraordinarias y pago del salario. La falta de un control del cumplimiento de las condiciones pactadas, por parte de las autoridades laborales, permite que no se paguen todas las horas trabajadas, que las horas extraordinarias no se paguen como tales, hacen de estas trabajadoras esclavas modernas, permitiendo las administraciones estatales y autonómicas un estado de vulnerabilidad jurídica que provoca abusos de todo tipo, incluido el sexual.

Este modelo que poco a poco la extrema derecha y el empresariado canalla pretenden imponer en el campo almeriense, permite al agricultor mantener su tasa de beneficio sin disminuir los beneficios de grandes superficies y grandes intermediarios, y sin aumentar la “cesta de la compra” en las zonas industriales. Todos ganan, excepto la clase trabajadora andaluza que se ve obligada a elegir entre la precariedad o el paro.

De esta manera demostramos que los beneficios de las zonas industriales están relacionados con la precariedad de la clase trabajadora andaluza; o a la inversa, la precariedad de la clase trabajadora andaluza, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza, no están provocados por nuestra incapacidad, como tratan de hacernos creer, ni por falta de “emprendimiento”, sino por un modelo económico impuesto y posibilitado por la falta de soberanía del pueblo andaluz. Este modelo económico que nos empobrece se ha podido imponer porque Andalucía, desde la conquista castellana, no es libre; somos una colonia que solo sirve a los intereses de la metrópoli conquistadora.

Y ante esta situación, y hasta que Andalucía pueda liberarse del yugo del capital y del Estado español, proponemos unas medidas a implementar a corto plazo en el campo almeriense, que puedan paliar las consecuencias de este modelo económico y establecer un dique de contención ante la agresividad del capital, más necesitado que nunca de explotar nuestra tierra y nuestra clase trabajadora, ante la crisis económica que por muchos motivos va en aumento cada día.

Por estos motivos, proponemos las siguientes medidas:

-Rescate de las Cooperativas y SAT (Sociedades Agrarias de Transformación) que estén en quiebra técnica y que pasarían a control público. Gestión por parte de los socios, pero con un control financiero y económico por parte de la administración andaluza.

Este rescate financiero pasaría por la condonación de la deuda bancaria que sería asumida íntegramente por las entidades bancarias, a cuenta de los desmesurados beneficios y el abuso de gastos e intereses cobrados a las andaluzas, así como pago por la parte andaluza correspondiente al rescate bancario del Estado español que ha permitido el robo de 60,000 millones de euros.

- Creación de una banca pública al servicio de las Cooperativas, SAT y empresas que voluntariamente se adhieran al mecanismo de control financiero por parte de la institución andaluza creada a tal fin.

- Esta empresa pública de la que hablamos en el punto anterior, tendría la función de auditoría, control financiero y asesoramiento empresarial.

- Creación de una empresa pública de distribución, producción e investigación de semillas empleadas en el sector. Actualmente el mayor porcentaje de semillas utilizadas en los cultivos almerienses provienen de Israel y de Holanda, competidores directos en los mercados europeos.

- Adhesión de Andalucía a la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), en favor del pueblo palestino y de su constitución como Estado independiente.

En el caso de Israel, un país utilizado por EE.UU. para imponer su hegemonía en Medio Oriente mediante las agresiones militares a sus vecinos y que no escatimaría ninguna fórmula de agresión a enemigos o competidores para imponer sus intereses, prescindir de sus semillas es de vital importancia para preservar la soberanía y la seguridad alimentaria andaluza. Confiar la producción de semillas a Israel es jugar a la ruleta rusa en la cabeza del pueblo andaluz.

- Limitación de fincas invernadas hasta concluir un estudio de viabilidad del sector en lo referente a recursos hídricos y a las necesidades productivas y comerciales.

- Creación de una agencia andaluza de comercialización que fijaría los precios en origen y al consumidor final, limitando los beneficios de intermediarios y posibilitando al pueblo andaluz una alimentación saludable a precios aceptables. Esta agencia gestionaría todo el proceso comercial desde el origen hasta el minorista.

- Cumplimiento de los convenios del campo y del manipulado, aumentando considerablemente las plantillas de inspectores de trabajo y aumentando las sanciones a infractores, con penas de cárcel para la contratación en fraude de ley.

- Legalización de todos los trabajadores del sector y sus familias. De esta forma se evitaría la contratación ilegal por “necesidad” y la contratación para sobre explotación.

- Prohibición de la contratación en origen.

- Imponer la adopción de técnicas de cultivo sostenibles sin impacto en la salud humana o animal.

Somos conscientes de que estas medidas no se pueden adoptar dentro de la legislación vigente del Estado español y de la Unión Europea, espacios de acumulación de capital que defienden un modelo económico al servicio de las élites burguesas.

Por estos motivos, si queremos superar este modelo económico que nos condena desde la cuna a la tumba, si queremos decidir sobre nuestras relaciones laborales, económicas o sociales, si queremos instaurar un sistema económico basado en la equidad de los intercambios, en la cooperación, en la justicia y en la solidaridad, no tenemos otro camino que luchar por nuestra soberanía, por una REPÚBLICA ANDALUZA que defienda nuestra agricultura y nuestro derecho a decidir sobre ella.

En Andalucía, a 16 de octubre de 2023,